EL PRINCIPIO COSTITUCIONAL

Artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN VENEZUELA?

La consolidación de la seguridad humana como un nuevo concepto puede contribuir a situar el debate en un punto más próximo al ciudadano y más centrado en las demandas del conjunto de la humanidad que en los intereses de los Estados1 . Según Naciones Unidas, el aspecto fundamental de la inseguridad humana es la vulnerabilidad. El concepto de seguridad humana es evolutivo, lo que permite replantear los viejos esquemas de seguridad centrados en aspectos militares por otros centrados en las necesidades de la humanidad, con toda su variedad, que en la mayoría de países en vías al desarrollo apenas han merecido atención en las políticas públicas.
Desde 1994, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que existen ocho dimensiones de la seguridad, siendo éstas la económica, la financiera, la alimentaria, la sanitaria, la ambiental, la personal, de género, comunitaria y política; mientras que las inseguridades globales han sido identificadas como el crecimiento demográfico, las diferencias entre países, las migraciones descontroladas, el deterioro medioambiental, el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Los instrumentos globales básicos para enfrentar y controlar dichas inseguridades deben ser políticas que consideren las necesidades humanas básicas, la diplomacia preventiva, los derechos humanos, el desarrollo económico y social y la reforma de las instituciones globales2 .
La seguridad pública, según la Red de Seguridad Humana de las Naciones Unidas, comprende una variada gama de temas tales como: delito y corrupción, terrorismo, instituciones penales, autoridades policiales y judiciales y policía civil, incluido el sector de la seguridad privada. Igualmente, dicha Red estableció que existen dos aspectos que deben considerarse también en el ámbito de la seguridad pública, a saber el objetivo, que se centra en los niveles reales de seguridad y en las amenazas existentes; y el subjetivo que aborda la forma en que esas amenazas son percibidas por cada ser humano. La seguridad ciudadana entonces es un concepto que engloba dos fenómenos: el de la criminalidad y el de la sensación de inseguridad. Si bien éstos están asociados, puesto que según como se comporte la delincuencia en un país así también será la tendencia en el comportamiento de la sensación de inseguridad de la población, la relación entre ambos no siempre, ni forzosamente, es directa y en la misma dirección. Es así como en muchas ocasiones en una sociedad, y en una coyuntura determinada, el sentimiento de inseguridad llega a convertirse en un problema en sí mismo, cuyas manifestaciones no necesariamente reflejan la realidad objetiva de la criminalidad; y es capaz de generar consecuencias negativas en el comportamiento de los ciudadanos. La distinción de estos fenómenos dentro de una definición operativa de seguridad ciudadana es esencial, puesto que permite precisar acciones y estrategias que busquen actuar de manera conjunta sobre ambos aspectos.
Según la Red de Seguridad Humana, comúnmente se entiende que seguridad pública significa garantizar la tranquilidad pública y la seguridad ciudadana y de las instituciones, cuyo manejo se encuentra a cargo de policías y tribunales. De acuerdo con el paradigma del desarrollo humano y de la seguridad humana, la seguridad pública debe tener como centro al ciudadano, en tanto individuo y ser social. Una reformulación de la seguridad pública en clave de seguridad humana, implica el desarrollo de condiciones que permitan la regulación eficiente de la violencia, individual o social, incluyendo la regulación de la violencia de las propias instituciones del orden público. Por tanto, desde la perspectiva de la seguridad humana, adquiere especial relevancia que las políticas de seguridad pública, conjuntamente con fortalecer el funcionamiento eficiente y eficaz de las instituciones competentes en la materia, se orienten hacia la reducción del control policial/penal al mínimo necesario y a contener, mediante la regulación jurídica y ciudadana, el uso de la violencia por estas instituciones, para que su accionar no ponga en riesgo la seguridad de las personas. Igualmente, las políticas de seguridad pública deben procurar que los conflictos derivados de problemas sociales propios del sistema socio-económico y cultural y del modelo de desarrollo, busquen su regulación y resolución a través de las políticas sociales o de cambios sociales.
El Estado tiene una responsabilidad fundamental cuando se trata de propiciar un contexto de seguridad como medio de lograr el objetivo primordial de garantizar los derechos de las personas. Ello requiere como medidas prioritarias en el caso de Venezuela, la reforma del sistema judicial y policial, la reducción de la corrupción y la creación de condiciones de seguridad pública, tanto en términos objetivos como subjetivos. El sistema policial y judicial está relacionado con los conceptos más amplios de mediación social y cooperación transinstitucional en materia de prevención de la violencia y la criminalidad.